Examen Fundamentos de Investigación enero 2023
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La violencia de género es un grave problema social. Entre las medidas adoptadas para intervenir en este problema se encuentran los programas de tratamiento de los agresores. Pérez-Ramírez et al. (2013) diseñaron un programa de intervención para agresores de pareja (PRIA) para aplicarse dentro del ámbito de medidas penales alternativas (sustitución de la pena de prisión por la realización de un programa de intervención específico) y plantearon una investigación para la evaluación de su eficacia. Para ello, contaron con la colaboración de 14 Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Estado, a través de los cuales obtuvieron los datos y aplicaron su programa de tratamiento a personas condenadas por un delito de violencia de género, con posibilidad de sustitución de la pena de prisión por la realización de un programa de intervención específico.
De los 770 participantes en el proyecto, 635 recibieron el tratamiento y 135 formaron parte del estudio como grupo de control en lista de espera para recibir el tratamiento. Por cuestiones de funcionamiento de los Servicios, la organización de estos dos grupos no pudo realizarse por asignación aleatoria, detectándose diferencias relevantes entre los grupos en variables como el país de origen, el consumo de drogas y la duración de la pena privativa de libertad.
Los participantes del grupo de tratamiento fueron evaluados antes y después de la intervención, y los del grupo de control también fueron evaluados en momentos temporales similares al grupo anterior. Se aplicaron instrumentos estandarizados para evaluar variables psicológicas de personalidad y específicas de maltrato (escalas de sexismo, de atribución de responsabilidad, de celos, ira, agresión, entre otras). Se aplicó también un cuestionario de deseabilidad social como información de la posible tendencia de los participantes a responder los cuestionarios considerando lo socialmente más adecuado.
Los resultados obtenidos mostraron que los agresores que habían realizado el programa de intervención habían experimentado un cambio terapéutico significativo, que no se dio en el grupo control. La eficacia del tratamiento también se manifestó al comparar las medidas postratamiento del grupo con intervención y el grupo de control.
La violencia de género es un grave problema social. Entre las medidas adoptadas para intervenir en este problema se encuentran los programas de tratamiento de los agresores. Pérez-Ramírez et al. (2013) diseñaron un programa de intervención para agresores de pareja (PRIA) para aplicarse dentro del ámbito de medidas penales alternativas (sustitución de la pena de prisión por la realización de un programa de intervención específico) y plantearon una investigación para la evaluación de su eficacia. Para ello, contaron con la colaboración de 14 Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Estado, a través de los cuales obtuvieron los datos y aplicaron su programa de tratamiento a personas condenadas por un delito de violencia de género, con posibilidad de sustitución de la pena de prisión por la realización de un programa de intervención específico.
De los 770 participantes en el proyecto, 635 recibieron el tratamiento y 135 formaron parte del estudio como grupo de control en lista de espera para recibir el tratamiento. Por cuestiones de funcionamiento de los Servicios, la organización de estos dos grupos no pudo realizarse por asignación aleatoria, detectándose diferencias relevantes entre los grupos en variables como el país de origen, el consumo de drogas y la duración de la pena privativa de libertad.
Los participantes del grupo de tratamiento fueron evaluados antes y después de la intervención, y los del grupo de control también fueron evaluados en momentos temporales similares al grupo anterior. Se aplicaron instrumentos estandarizados para evaluar variables psicológicas de personalidad y específicas de maltrato (escalas de sexismo, de atribución de responsabilidad, de celos, ira, agresión, entre otras). Se aplicó también un cuestionario de deseabilidad social como información de la posible tendencia de los participantes a responder los cuestionarios considerando lo socialmente más adecuado.
Los resultados obtenidos mostraron que los agresores que habían realizado el programa de intervención habían experimentado un cambio terapéutico significativo, que no se dio en el grupo control. La eficacia del tratamiento también se manifestó al comparar las medidas postratamiento del grupo con intervención y el grupo de control.
La violencia de género es un grave problema social. Entre las medidas adoptadas para intervenir en este problema se encuentran los programas de tratamiento de los agresores. Pérez-Ramírez et al. (2013) diseñaron un programa de intervención para agresores de pareja (PRIA) para aplicarse dentro del ámbito de medidas penales alternativas (sustitución de la pena de prisión por la realización de un programa de intervención específico) y plantearon una investigación para la evaluación de su eficacia. Para ello, contaron con la colaboración de 14 Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Estado, a través de los cuales obtuvieron los datos y aplicaron su programa de tratamiento a personas condenadas por un delito de violencia de género, con posibilidad de sustitución de la pena de prisión por la realización de un programa de intervención específico.
De los 770 participantes en el proyecto, 635 recibieron el tratamiento y 135 formaron parte del estudio como grupo de control en lista de espera para recibir el tratamiento. Por cuestiones de funcionamiento de los Servicios, la organización de estos dos grupos no pudo realizarse por asignación aleatoria, detectándose diferencias relevantes entre los grupos en variables como el país de origen, el consumo de drogas y la duración de la pena privativa de libertad.
Los participantes del grupo de tratamiento fueron evaluados antes y después de la intervención, y los del grupo de control también fueron evaluados en momentos temporales similares al grupo anterior. Se aplicaron instrumentos estandarizados para evaluar variables psicológicas de personalidad y específicas de maltrato (escalas de sexismo, de atribución de responsabilidad, de celos, ira, agresión, entre otras). Se aplicó también un cuestionario de deseabilidad social como información de la posible tendencia de los participantes a responder los cuestionarios considerando lo socialmente más adecuado.
Los resultados obtenidos mostraron que los agresores que habían realizado el programa de intervención habían experimentado un cambio terapéutico significativo, que no se dio en el grupo control. La eficacia del tratamiento también se manifestó al comparar las medidas postratamiento del grupo con intervención y el grupo de control.
La violencia de género es un grave problema social. Entre las medidas adoptadas para intervenir en este problema se encuentran los programas de tratamiento de los agresores. Pérez-Ramírez et al. (2013) diseñaron un programa de intervención para agresores de pareja (PRIA) para aplicarse dentro del ámbito de medidas penales alternativas (sustitución de la pena de prisión por la realización de un programa de intervención específico) y plantearon una investigación para la evaluación de su eficacia. Para ello, contaron con la colaboración de 14 Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Estado, a través de los cuales obtuvieron los datos y aplicaron su programa de tratamiento a personas condenadas por un delito de violencia de género, con posibilidad de sustitución de la pena de prisión por la realización de un programa de intervención específico.
De los 770 participantes en el proyecto, 635 recibieron el tratamiento y 135 formaron parte del estudio como grupo de control en lista de espera para recibir el tratamiento. Por cuestiones de funcionamiento de los Servicios, la organización de estos dos grupos no pudo realizarse por asignación aleatoria, detectándose diferencias relevantes entre los grupos en variables como el país de origen, el consumo de drogas y la duración de la pena privativa de libertad.
Los participantes del grupo de tratamiento fueron evaluados antes y después de la intervención, y los del grupo de control también fueron evaluados en momentos temporales similares al grupo anterior. Se aplicaron instrumentos estandarizados para evaluar variables psicológicas de personalidad y específicas de maltrato (escalas de sexismo, de atribución de responsabilidad, de celos, ira, agresión, entre otras). Se aplicó también un cuestionario de deseabilidad social como información de la posible tendencia de los participantes a responder los cuestionarios considerando lo socialmente más adecuado.
Los resultados obtenidos mostraron que los agresores que habían realizado el programa de intervención habían experimentado un cambio terapéutico significativo, que no se dio en el grupo control. La eficacia del tratamiento también se manifestó al comparar las medidas postratamiento del grupo con intervención y el grupo de control.
La violencia de género es un grave problema social. Entre las medidas adoptadas para intervenir en este problema se encuentran los programas de tratamiento de los agresores. Pérez-Ramírez et al. (2013) diseñaron un programa de intervención para agresores de pareja (PRIA) para aplicarse dentro del ámbito de medidas penales alternativas (sustitución de la pena de prisión por la realización de un programa de intervención específico) y plantearon una investigación para la evaluación de su eficacia. Para ello, contaron con la colaboración de 14 Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Estado, a través de los cuales obtuvieron los datos y aplicaron su programa de tratamiento a personas condenadas por un delito de violencia de género, con posibilidad de sustitución de la pena de prisión por la realización de un programa de intervención específico.
De los 770 participantes en el proyecto, 635 recibieron el tratamiento y 135 formaron parte del estudio como grupo de control en lista de espera para recibir el tratamiento. Por cuestiones de funcionamiento de los Servicios, la organización de estos dos grupos no pudo realizarse por asignación aleatoria, detectándose diferencias relevantes entre los grupos en variables como el país de origen, el consumo de drogas y la duración de la pena privativa de libertad.
Los participantes del grupo de tratamiento fueron evaluados antes y después de la intervención, y los del grupo de control también fueron evaluados en momentos temporales similares al grupo anterior. Se aplicaron instrumentos estandarizados para evaluar variables psicológicas de personalidad y específicas de maltrato (escalas de sexismo, de atribución de responsabilidad, de celos, ira, agresión, entre otras). Se aplicó también un cuestionario de deseabilidad social como información de la posible tendencia de los participantes a responder los cuestionarios considerando lo socialmente más adecuado.
Los resultados obtenidos mostraron que los agresores que habían realizado el programa de intervención habían experimentado un cambio terapéutico significativo, que no se dio en el grupo control. La eficacia del tratamiento también se manifestó al comparar las medidas postratamiento del grupo con intervención y el grupo de control.
La violencia de género es un grave problema social. Entre las medidas adoptadas para intervenir en este problema se encuentran los programas de tratamiento de los agresores. Pérez-Ramírez et al. (2013) diseñaron un programa de intervención para agresores de pareja (PRIA) para aplicarse dentro del ámbito de medidas penales alternativas (sustitución de la pena de prisión por la realización de un programa de intervención específico) y plantearon una investigación para la evaluación de su eficacia. Para ello, contaron con la colaboración de 14 Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Estado, a través de los cuales obtuvieron los datos y aplicaron su programa de tratamiento a personas condenadas por un delito de violencia de género, con posibilidad de sustitución de la pena de prisión por la realización de un programa de intervención específico.
De los 770 participantes en el proyecto, 635 recibieron el tratamiento y 135 formaron parte del estudio como grupo de control en lista de espera para recibir el tratamiento. Por cuestiones de funcionamiento de los Servicios, la organización de estos dos grupos no pudo realizarse por asignación aleatoria, detectándose diferencias relevantes entre los grupos en variables como el país de origen, el consumo de drogas y la duración de la pena privativa de libertad.
Los participantes del grupo de tratamiento fueron evaluados antes y después de la intervención, y los del grupo de control también fueron evaluados en momentos temporales similares al grupo anterior. Se aplicaron instrumentos estandarizados para evaluar variables psicológicas de personalidad y específicas de maltrato (escalas de sexismo, de atribución de responsabilidad, de celos, ira, agresión, entre otras). Se aplicó también un cuestionario de deseabilidad social como información de la posible tendencia de los participantes a responder los cuestionarios considerando lo socialmente más adecuado.
Los resultados obtenidos mostraron que los agresores que habían realizado el programa de intervención habían experimentado un cambio terapéutico significativo, que no se dio en el grupo control. La eficacia del tratamiento también se manifestó al comparar las medidas postratamiento del grupo con intervención y el grupo de control.
La violencia de género es un grave problema social. Entre las medidas adoptadas para intervenir en este problema se encuentran los programas de tratamiento de los agresores. Pérez-Ramírez et al. (2013) diseñaron un programa de intervención para agresores de pareja (PRIA) para aplicarse dentro del ámbito de medidas penales alternativas (sustitución de la pena de prisión por la realización de un programa de intervención específico) y plantearon una investigación para la evaluación de su eficacia. Para ello, contaron con la colaboración de 14 Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Estado, a través de los cuales obtuvieron los datos y aplicaron su programa de tratamiento a personas condenadas por un delito de violencia de género, con posibilidad de sustitución de la pena de prisión por la realización de un programa de intervención específico.
De los 770 participantes en el proyecto, 635 recibieron el tratamiento y 135 formaron parte del estudio como grupo de control en lista de espera para recibir el tratamiento. Por cuestiones de funcionamiento de los Servicios, la organización de estos dos grupos no pudo realizarse por asignación aleatoria, detectándose diferencias relevantes entre los grupos en variables como el país de origen, el consumo de drogas y la duración de la pena privativa de libertad.
Los participantes del grupo de tratamiento fueron evaluados antes y después de la intervención, y los del grupo de control también fueron evaluados en momentos temporales similares al grupo anterior. Se aplicaron instrumentos estandarizados para evaluar variables psicológicas de personalidad y específicas de maltrato (escalas de sexismo, de atribución de responsabilidad, de celos, ira, agresión, entre otras). Se aplicó también un cuestionario de deseabilidad social como información de la posible tendencia de los participantes a responder los cuestionarios considerando lo socialmente más adecuado.
Los resultados obtenidos mostraron que los agresores que habían realizado el programa de intervención habían experimentado un cambio terapéutico significativo, que no se dio en el grupo control. La eficacia del tratamiento también se manifestó al comparar las medidas postratamiento del grupo con intervención y el grupo de control.